- Patrocinio de las controversias que se suscitan entre la administración pública y los particulares por violación de las normas legales o de derechos individuales.
- Demandas por la ilegalidad de los actos y hechos administrativos, y la potestad reglamentaria de la Administración no tributaria.
- Presentar demandas contra actos, contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, expedidos o producidos por las instituciones del Estado, que afecten intereses o derechos subjetivos de personas naturales o jurídicas; inclusive las resoluciones de la Contraloría General del Estado.
- Presentación de acciones de prescripción de créditos fiscales no tributarios contra la administración nacional, regional, municipal o de las demás personas jurídicas que integran el sector público.
- Demandar judicialmente por las controversias regidas por la Ley de Propiedad Intelectual.
- Demandar contra los actos administrativos y las resoluciones expedidas por el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, las Comisiones Especializadas, el Director General y los Directores Provinciales.
- Demandas contra el Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, en las que se reclame la reparación de las violaciones a los derechos de los particulares por falta o deficiencia de la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
- Demandas contra el Estado por la reparación de los daños y perjuicios causados por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso.
- Presentación de excepciones a la coactiva en materia no tributaria, y las impugnaciones al auto de calificación de posturas; así como también las acciones de nulidad del remate, los reclamos de terceros perjudicados y tercerías.
- Demandas por sanciones administrativas firmes contra las servidoras y los servidores públicos, emanadas de las instituciones del Estado.
- Defensa en las causas que instaure la Administración para repetir las indemnizaciones que hubiere tenido que pagar por sentencias firmes dentro de juicios contencioso administrativos, por la responsabilidad declarada de sus servidores o de las personas que por delegación, concesión o privatización, se les haya entregado servicios públicos.
